Podrían recibir penas que parten desde 60.000 pesos.
Los padres de al menos 1000 alumnos que se encuentran imputados por amenazas de bomba falsas hechas en el último año deberán responder por sus hijos y podrían recibir penas que parten desde 60.000 pesos.
Así lo confirmó a La Nación la Fiscalía de Estado, el organismo constitucional a cargo de la defensa de los intereses del erario: tramita al menos 1000 expedientes para hacer pagar a los responsables de estos hechos.
Los importes son por el costo que supone el hecho de movilizar, ante cada amenaza a un edificio público, personal de la policía, de bomberos, de la dirección antiexplosivos y ambulancias. La primera condena contra un joven que hizo amenazas en una escuela pública de Morón se dictó en marzo de este año, por lo que debió pagar $60.000 y realizar tareas comunitarias.
Ahora la Justicia buscará responsabilizar a los alumnos mayores de edad o a los padres de los menores para que respondan con su patrimonio, con el objetivo de desalentar nuevos episodios que provocan la suspensión de clases.
